Las declaraciones de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que prácticamente exime al Ejército de responsabilidad en el caso Ayotzinapa, representan un nuevo punto de tensión en uno de los expedientes más emblemáticos sobre desaparición forzada en México.
En un posicionamiento reciente, Piedra sostuvo que no existen elementos suficientes para atribuir una participación institucional del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, una postura que contrasta con años de investigaciones, informes oficiales, resoluciones judiciales y el trabajo de organismos nacionales e internacionales.
La controversia no surge únicamente por el contenido de sus declaraciones, sino porque múltiples investigaciones han documentado la presencia y el seguimiento que realizaron elementos militares la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), además de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), señalaron que integrantes del Ejército monitorearon en tiempo real los movimientos de los estudiantes y que parte de la información castrense permaneció reservada durante años.
A ello se suman investigaciones periodísticas y resoluciones judiciales que derivaron en órdenes de aprehensión contra militares por delitos relacionados con desaparición forzada y delincuencia organizada. Aunque varios procesos continúan abiertos y el principio de presunción de inocencia debe respetarse para cada imputado, la existencia de estas investigaciones demuestra que la posible responsabilidad militar nunca fue una hipótesis descartada por las autoridades encargadas de procurar justicia.
Las afirmaciones de la titular de la CNDH también contrastan con recomendaciones y observaciones de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han insistido en la necesidad de esclarecer plenamente el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas y garantizar el acceso completo a archivos militares.
El debate no consiste en declarar culpable a una institución sin sentencia judicial. Tampoco en desconocer que las responsabilidades penales son individuales. El problema radica en que una institución creada para defender los derechos humanos parece minimizar líneas de investigación que durante años fueron consideradas relevantes por fiscales, expertos independientes y tribunales.
Para las familias de los 43 estudiantes, el acceso a la verdad sigue siendo una deuda pendiente. Cada declaración que reduce o desacredita hipótesis sustentadas por evidencia alimenta la percepción de que las instituciones privilegian la protección política sobre el esclarecimiento de los hechos.
A más de una década de la desaparición de los normalistas, el caso Ayotzinapa continúa siendo una prueba para el Estado mexicano. La confianza pública no se recupera mediante exoneraciones anticipadas, sino con investigaciones exhaustivas, acceso irrestricto a la información, rendición de cuentas y decisiones respaldadas por pruebas verificables.
La búsqueda de verdad y justicia exige que ninguna institución —civil o militar— quede fuera del escrutinio cuando existen indicios que justifican investigar su actuación. Cerrar esa puerta antes de tiempo no fortalece a las instituciones; debilita la credibilidad de quienes tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos.
Las Breves Informativas
