La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la movilización de transportistas prevista para este lunes 26 de octubre responde, principalmente, a inconformidades de un grupo reducido de empresas con mayores beneficios fiscales. Sin embargo, las demandas del sector también exhiben un problema que va más allá de las deducciones tributarias: la inseguridad que enfrentan los operadores en las carreteras del país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la modificación a la Ley de Ingresos de 2027 afecta a un número limitado de compañías y defendió la decisión de la Secretaría de Hacienda, que consideró excesivos los beneficios fiscales otorgados anteriormente.
Según Sheinbaum, alrededor de 170 empresas concentraban las mayores ventajas derivadas de las deducciones, mientras que el resto de los transportistas mantiene los mecanismos de apoyo fiscal disponibles para el autotransporte de carga.
El punto de controversia se relaciona con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la deducción de los pagos de peaje. De acuerdo con la explicación presidencial, el sector inconforme busca mantener un esquema que permitiría una doble deducción, mientras que Hacienda plantea limitar los beneficios fiscales. La mandataria señaló que el ajuste reduce el monto de las deducciones de 300 a 250 millones de pesos.
No obstante, reducir la protesta a una disputa entre grandes empresas y el Gobierno deja pendiente una cuestión fundamental: determinar con claridad el alcance de los cambios fiscales, su impacto económico real y las razones por las que los transportistas consideran que las modificaciones afectan sus operaciones.
Seguridad carretera, una demanda que no se resuelve con ajustes fiscales
Aunque el Gobierno coloca el desacuerdo tributario como una de las principales causas de la movilización, los transportistas también reclaman mayor seguridad en las carreteras, ante el robo de mercancías y las presuntas exigencias de cuotas por parte de grupos criminales.
Se trata de una problemática que afecta la operación logística, incrementa los costos y expone a los conductores a situaciones de riesgo. Frente a estas denuncias, Sheinbaum aseguró que existe comunicación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional para atender los problemas que enfrenta el sector.
Sin embargo, la existencia de reuniones institucionales no equivale, por sí misma, a resultados verificables. La efectividad de la estrategia gubernamental dependerá de que las denuncias se traduzcan en investigaciones, protección efectiva en los tramos de mayor riesgo y una reducción comprobable de los delitos contra el transporte de carga.
Gobierno y transportistas buscan una salida mediante el diálogo
La presidenta informó que representantes del sector sostendrían una reunión a las 11:00 horas de este lunes con funcionarios de las secretarías de Gobernación y Hacienda para exponer sus demandas.
Sheinbaum también señaló que la Secretaría de Gobernación mantiene acercamientos con los inconformes para evitar afectaciones a la circulación y sostuvo que la movilización no involucra a la totalidad de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), sino a una parte del sector.
El encuentro representa una oportunidad para aclarar las diferencias sobre el tratamiento fiscal y, al mismo tiempo, establecer compromisos concretos en materia de seguridad. La cuestión central será si las conversaciones producen acuerdos verificables o si se limitan a contener temporalmente las protestas.
Movilizaciones en carreteras y accesos estratégicos
Desde las 7:30 horas, transportistas comenzaron a concentrarse en distintos puntos carreteros como parte del paro nacional anunciado el viernes. Entre los sitios reportados se encuentran:
- Autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán.
- Carretera Chamapa-Lechería, cerca de la caseta Chamapa y en dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
- Autopista México-Pachuca.
- Autopista Ecatepec-Pirámides.
- Autopista Peñón-Texcoco.
- Arco Norte, en su conexión con la México-Pachuca.
- Autopista México-Puebla.
- Autopista México-Toluca, a la altura de la caseta Toluca-La Marquesa.
- Corredores industriales de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.
En la México-Querétaro, uno de los puntos de concentración fue la caseta de Tepotzotlán, donde, según los reportes disponibles, permanecían diez tractocamiones estacionados en las laterales de ambos sentidos.
En la Ciudad de México, otro grupo se concentró en la lateral de Calzada Vallejo, cerca de la estación de carga de Tenayuca, con la intención de avanzar hacia la zona del Hospital La Raza. Hasta el momento descrito en los reportes, no se contemplaban cierres viales en ese punto.
Un conflicto que exige algo más que minimizar su alcance
La postura presidencial busca dimensionar la protesta como una inconformidad fiscal concentrada en un grupo reducido de empresas. Pero el número de participantes no determina por sí solo la relevancia de las demandas ni el impacto potencial de una movilización en las cadenas de suministro.
El desafío para el Gobierno consiste en distinguir entre los intereses fiscales particulares y las necesidades operativas del conjunto del sector, sin perder de vista las denuncias de inseguridad. Para los transportistas, el resultado de las negociaciones no solo se medirá por las deducciones autorizadas, sino también por las condiciones en las que pueden circular y trabajar.
La reunión con Gobernación y Hacienda será, por tanto, una primera prueba para ambas partes. Más allá de las declaraciones oficiales, quedará por conocer si se alcanzan acuerdos transparentes sobre la política fiscal y compromisos concretos que permitan enfrentar los delitos en carretera sin trasladar toda la carga del problema a quienes mantienen en movimiento el transporte de mercancías en México.
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