El Instituto Nacional Electoral (INE), aunque la inquilina de Palacio Nacional lo niegue, estuvo secuestrado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde abril de 2023, cuando fue designada Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del árbitro electoral.
La ex consejera presidenta perdió el piso y se sintió todopoderosa por haber hecho ganar a Claudia Sheinbaum en 2024 y después manejar todo a su antojo, violando la ley para elegir a ministros, magistrados y jueces, lo cual fue una burla para los mexicanos.
¿Qué tanto sabrá Guadalupe Taddei sobre las chapuzas de Morena hasta para obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión?
Pero la Auditoría Superior de la Federación, entre más le rasca, más encuentra. Resulta que el diputado veracruzano Sergio Gutiérrez Luna ha sido señalado por presuntamente cobrar moches a trabajadores del INE que iban entre los 7 mil y 15 mil pesos mensuales. Aunque el legislador jarocho lo ha desmentido, seguramente los afectados pronto darán a conocer mayores detalles.
¿Hasta dónde están involucrados no empleados del INE en toda esta ola de corrupción y dónde quedó el no mentir, no robar y no traicionar?
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La reciente liberación de presuntos implicados en delitos de alto impacto —como el caso de los extorsionadores de verificentros, quienes evadieron la justicia tras priorizar un documento civil de poder por encima del ilícito penal, sumado al polémico caso de Lino Rodríguez en la zona sur y un tercer asunto bajo la misma dinámica— ha encendido las alertas sobre el criterio de los operadores de justicia en el Estado de México. Esta situación abre un profundo debate sobre el choque entre la procuración de justicia y los vacíos en el control disciplinario.
El núcleo de la polémica radica en cuestionar si estas determinaciones responden a una deficiente fundamentación y motivación en la valoración de los medios de prueba. Surgen serias dudas sobre si los juzgadores incurrieron en una aplicación rigorista y parcial del principio de presunción de inocencia, otorgando un valor tasado a avisos de poder para minimizar la materialidad de delitos graves, o si detrás de estas resoluciones laxas operan factores de negligencia grave, presión fáctica o presunta colusión institucional.
Frente a este escenario, el marco normativo del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México —conforme a su Reglamento Interior y los Lineamientos para la Investigación y Substanciación de Procedimientos— establece vías claras de actuación institucional. Si bien el Tribunal no puede revocar directamente determinaciones de carácter estrictamente jurisdiccional, sí cuenta con facultades para iniciar investigaciones de oficio o por denuncia para indagar si los fallos estuvieron viciados por dolo, mala fe, negligencia inexcusable o corrupción, configurando faltas administrativas graves.
Asimismo, las autoridades competentes pueden requerir expedientes originales mediante investigaciones por queja y valorar medidas cautelares preventivas, como la suspensión temporal de los servidores públicos involucrados cuando exista riesgo a la impartición de justicia. Paralelamente, de advertirse elementos que presuman delitos contra la administración de justicia —como el prevaricato—, se debe dar vista inmediata a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para deslindar responsabilidades en el ámbito penal, frenando así la percepción de impunidad en casos de alto impacto social.
PARA CERRAR: En el gobierno federal las cosas no andan muy bien que digamos, pero en el Estado de México no cantan mal las rancheras, y nomás no se ve que la gobernadora Delfina Gómez quiera poner orden en su gabinete. Todos los días se publican notas de diferentes secretarías y sus presuntas irregularidades. Entre las más señaladas están Educación, Movilidad, Medio Ambiente, Cultura, bueno, hasta el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado ya salió raspada con una observación de más de 400 millones de pesos.
Además, ya circula un video de Pedro Ferriz Híjar en donde el periodista señala que al secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, y al secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, ya les retiraron sus visas.
¿Hasta cuándo se podrá poner orden en el gobierno del Estado de México?
¡¡¡Alguien lo tenía que decir!!!
carretocharly@yahoo.com.mx
Presidente APLE en el Estado de México
Las Breves Informativas
