Hay momentos en la vida pública de un país en los que la pregunta ya no es solamente qué está pasando, sino por qué está pasando y quién está permitiendo que suceda.
México atraviesa uno de esos momentos.
Las campañas adelantadas, la permanente disputa política, la polarización, la violencia y los señalamientos que llegan desde el extranjero sobre posibles vínculos entre estructuras políticas y organizaciones delictivas forman parte de un escenario que debería obligarnos a detenernos y mirar con seriedad el estado de nuestras instituciones.
No se trata de asumir como verdad cada acusación, cada señalamiento o cada versión que circula en redes sociales o que proviene del exterior. Se trata de algo más elemental: preguntar, investigar, fiscalizar y exigir respuestas.
Porque cuando las instituciones dejan de preguntar, la sociedad comienza a desconfiar.
Y cuando dejan de actuar, la permisividad termina convirtiéndose en una forma de gobierno.
Campañas adelantadas y autoridades que parecen mirar hacia otro lado
En México, las campañas electorales parecen comenzar mucho antes de que oficialmente comiencen.
Los actos políticos, la promoción personal, los posicionamientos anticipados, los recorridos territoriales y la construcción de candidaturas se han convertido en parte cotidiana del paisaje público. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo las reglas parecen flexibilizarse hasta convertirse, en algunos casos, en simples líneas que pueden interpretarse según la conveniencia política del momento.
¿Dónde están las autoridades electorales?
¿Dónde están el INE y los organismos electorales estatales cuando la actividad política se adelanta a los tiempos establecidos?
¿Se carece de atribuciones suficientes? ¿O existe una prudencia excesiva para no confrontar al poder?
Y si las reglas existen pero su aplicación depende del contexto político, entonces el problema no es únicamente electoral. Es institucional.
Una democracia no puede funcionar bajo la lógica de que las reglas son estrictas para unos y flexibles para otros.
La violencia como telón de fondo
Todo esto ocurre mientras el país enfrenta una realidad mucho más grave: la violencia.
Diputados, periodistas, funcionarios, empresarios, ciudadanos y comunidades enteras han quedado expuestos, de distintas maneras, a un escenario de inseguridad que parece no encontrar una respuesta suficientemente contundente.
Cada nuevo asesinato, cada amenaza, cada desaparición y cada ataque contra quien ejerce una función pública o periodística debería provocar una reacción institucional inmediata.
Pero la repetición de los hechos puede producir un efecto todavía más peligroso: la normalización.
Y un país comienza a perder cuando la violencia deja de sorprenderlo.
También resulta preocupante que desde otros países se hagan señalamientos sobre la posible penetración del crimen organizado en estructuras políticas o gubernamentales. Expresiones como «narcoestado» han entrado al debate público, con toda la gravedad que implica una acusación de esa naturaleza.
No corresponde convertir una acusación en sentencia.
Pero tampoco corresponde responder a toda pregunta incómoda con silencio, descalificación o polarización.
Si existen señalamientos, deben investigarse. Si son falsos, deben desmentirse con evidencia. Y si existen responsabilidades, deben castigarse.
Ese debería ser el camino de cualquier Estado democrático.
El verdadero problema: instituciones debilitadas
El mayor riesgo quizá no sea solamente que existan malos gobiernos.
El problema comienza cuando las instituciones encargadas de vigilarlos pierden capacidad, independencia o credibilidad.
¿Qué sucede cuando una auditoría no produce consecuencias?
¿Qué ocurre cuando una administración municipal acumula deudas y, pese a ello, las responsabilidades no llegan?
¿Qué pasa cuando quienes deberían fiscalizar tienen algún tipo de cercanía política, administrativa o de interés con quienes deben ser vigilados?
La fiscalización pierde sentido cuando se convierte en un trámite.
La auditoría pierde fuerza cuando sus observaciones no producen correcciones.
Y una institución pierde legitimidad cuando la sociedad comienza a pensar que sus decisiones están determinadas más por intereses políticos que por criterios técnicos y jurídicos.
La Auditoría Superior de la Federación, los órganos de fiscalización estatales, las contralorías, los congresos locales, los organismos electorales y las instituciones de procuración de justicia tienen una responsabilidad enorme.
No basta con recibir denuncias.
No basta con emitir comunicados.
No basta con señalar irregularidades.
La ciudadanía necesita resultados.
Querétaro tampoco puede sentirse ajeno
Querétaro ha construido durante años una imagen de estabilidad, crecimiento y orden institucional.
Pero esa imagen no puede convertirse en una excusa para dejar de preguntar.
El caso de las administraciones municipales debe observarse con especial atención. San Juan del Río, por ejemplo, ha sido objeto de cuestionamientos públicos relacionados con sus finanzas, manejo de recursos y decisiones administrativas.
Los señalamientos deben ser investigados y acreditados por las autoridades correspondientes, no utilizados simplemente como munición partidista.
Pero precisamente por eso la fiscalización debe ser transparente.
Si existen dudas sobre el destino de los recursos públicos, la respuesta no puede ser política. Debe ser documental, financiera y jurídica.
Cada peso público tiene un dueño: la sociedad.
Y cuando los recursos no llegan a donde deberían llegar, no solamente se afecta una partida presupuestal. Se afecta una calle que no se repara, una comunidad que no recibe atención, una obra que no se termina, un servicio que no mejora o una necesidad ciudadana que permanece sin respuesta.
Una clase política atrapada en el ruido
Mientras tanto, buena parte de la clase política parece haber descubierto que es más rentable generar ruido que generar resultados.
Se legisla para la fotografía.
Se debate para las redes sociales.
Se confronta para obtener titulares.
Se acusa al adversario.
Se responde con otra acusación.
Y al final, el ciudadano sigue esperando.
México no necesita más políticos dedicados exclusivamente a señalar culpables. Necesita servidores públicos capaces de resolver problemas.
No necesitamos una política que convierta cada diferencia en una guerra.
Necesitamos una política capaz de construir acuerdos.
El legislador fue elegido para legislar, fiscalizar y representar.
No para convertirse, por las tardes y noches, en comentarista político, propagandista permanente o protagonista de la confrontación.
La política debería ser el instrumento para desenredar los problemas del país, no para hacerlos todavía más complicados.
Cuando todo se permite, nada se corrige
Una sociedad comienza a cansarse cuando observa que todo parece poder hacerse sin consecuencias.
Campañas anticipadas.
Promoción personal.
Deudas municipales.
Obras cuestionadas.
Observaciones de auditoría.
Denuncias que se acumulan.
Violencia.
Amenazas.
Polarización.
Instituciones que parecen reaccionar tarde.
Y una ciudadanía que termina preguntándose si realmente alguien está al frente del problema.
La permisividad no aparece de un día para otro.
Se construye poco a poco.
Se construye cada vez que una irregularidad se deja pasar.
Cada vez que una autoridad decide no intervenir.
Cada vez que un órgano fiscalizador observa pero no consigue corregir.
Cada vez que un partido político justifica en los suyos lo que condenaría en los adversarios.
Y cada vez que la sociedad acepta que «así funciona la política».
No.
No debería funcionar así.
El voto también es una auditoría
En medio de este escenario, quizá una de las pocas herramientas que conserva intacta la ciudadanía es el voto.
Pero votar no debería significar elegir «al menos peor».
Ese criterio nos ha llevado demasiadas veces a conformarnos con candidatos cuya principal virtud es no ser el otro.
El ciudadano debería preguntar algo mucho más sencillo:
¿Quién ha demostrado capacidad?
¿Quién sabe administrar?
¿Quién puede rendir cuentas?
¿Quién tiene resultados?
¿Quién ha demostrado independencia?
¿Quién puede gobernar sin convertir al adversario en enemigo?
¿Quién conoce las calles, las colonias, las comunidades y las necesidades reales de la gente?
Porque gobernar no se aprende únicamente en un discurso.
Legislar no significa solamente levantar la mano.
Administrar no significa disponer del presupuesto.
Y representar a los ciudadanos no significa aparecer todos los días en redes sociales.
México necesita menos espectáculo y más Estado
La realidad duele.
Y lo que viene puede doler todavía más si no somos capaces de detenernos, pensar, analizar y decidir.
El problema no es solamente quién gobierna.
El problema es qué tan fuertes son las instituciones que deben vigilar a quien gobierna.
Porque los gobiernos cambian.
Los partidos cambian.
Los funcionarios cambian.
Pero las instituciones deberían permanecer.
Por eso resulta peligroso permitir que sean capturadas por intereses partidistas, grupos de poder o coyunturas electorales.
Un país polarizado necesita instituciones fuertes, no instituciones sometidas.
Necesita autoridades electorales con independencia.
Órganos fiscalizadores capaces de investigar y sancionar.
Congresos que fiscalicen realmente.
Gobiernos municipales que entiendan que el dinero público no es patrimonio de los funcionarios.
Y una clase política que recuerde que el poder no es un premio: es una responsabilidad temporal otorgada por los ciudadanos.
México no necesita políticos perfectos.
Necesita políticos capaces.
No necesita discursos interminables.
Necesita resultados.
No necesita más polarización.
Necesita soluciones.
Y cuando llegue el momento de votar, quizá la pregunta más importante no sea quién grita más fuerte, quién acusa mejor o quién tiene más seguidores.
La pregunta debería ser mucho más incómoda:
¿Quién ha demostrado que puede hacer el trabajo?
Porque en una democracia, el ciudadano también tiene una responsabilidad.
No premiar la mediocridad.
No votar por costumbre.
No elegir solamente por rechazo al adversario.
Y, sobre todo, no acostumbrarse a la idea de que nada puede cambiar.
Porque cuando una sociedad deja de exigir, el poder deja de temerle a la sociedad.
Y cuando el poder deja de rendir cuentas, la permisividad deja de ser una excepción.
Se convierte en sistema.
Las Breves Informativas
