El citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para comparecer como testigo en torno a la presunta presencia de agentes de la CIA en un operativo realizado en la Sierra del Pinal, abrió nuevamente el debate nacional sobre la aplicación desigual de la justicia y los criterios políticos detrás de investigaciones de alto perfil.
La propia mandataria panista no dejó pasar el momento para evidenciar lo que consideró un trato diferenciado por parte de las autoridades federales. Al confirmar que acudirá a comparecer pese al fuero constitucional que ostenta, Maru Campos lanzó un mensaje que rápidamente encendió la discusión pública: “con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país”.
La declaración no es menor. Ocurre en un contexto donde el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha enfrentado constantes cuestionamientos por la situación de violencia en su entidad, particularmente tras episodios ligados a disputas del crimen organizado y señalamientos políticos derivados de investigaciones federales y hechos de alto impacto nacional.
En ese escenario, las voces críticas han encontrado eco en posicionamientos como los del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, uno de los perfiles cercanos al grupo político de Rocha Moya y figura de peso dentro del oficialismo en Sinaloa.
Aunque Inzunza ha defendido institucionalmente al gobierno estatal y ha insistido en el respeto al debido proceso frente a investigaciones o señalamientos mediáticos, opositores han cuestionado la aparente diferencia de trato cuando se observan actuaciones federales contra mandatarios de oposición.
El fondo del debate no gira únicamente en torno al citatorio contra Maru Campos, sino al mensaje político que deja una comparecencia de esta naturaleza. Para analistas, el tema revive la discusión sobre si la procuración de justicia en México logra mantenerse al margen de intereses partidistas o si, por el contrario, ciertos casos terminan adquiriendo una lectura política inevitable.
La FGR aclaró que la gobernadora de Chihuahua fue citada únicamente en calidad de testigo, junto con el ex fiscal estatal, para esclarecer la cadena de mando del operativo antinarcóticos de abril pasado. Sin embargo, el impacto político ya está instalado en la conversación pública.
Mientras Chihuahua enfrenta preguntas sobre cooperación internacional en seguridad, en Sinaloa persisten los reclamos ciudadanos por la violencia y la exigencia de explicaciones más amplias sobre la estrategia de seguridad.
En ese contraste, el señalamiento de Maru Campos hacia Rubén Rocha no parece accidental: apunta directamente a una narrativa de justicia diferenciada, donde la oposición insiste en ver vara distinta según el color político del gobierno en turno.
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