La libertad de expresión no existe para proteger las opiniones cómodas ni aquellas que agradan al poder. Su razón de ser es precisamente garantizar que periodistas, investigadores, académicos y ciudadanos puedan documentar, cuestionar y exhibir hechos de interés público, incluso cuando éstos resulten incómodos para quienes gobiernan.
Los recientes lineamientos sobre los derechos de las audiencias, presentados por el Gobierno de México y emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, reabren un debate que parecía superado: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación de los contenidos informativos sin poner en riesgo la libertad de expresión?
Es indiscutible que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz, a distinguir entre noticias y opiniones y a exigir estándares éticos en los medios de comunicación. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre promover buenas prácticas periodísticas y otorgar al poder político la posibilidad de establecer criterios sobre qué información puede considerarse «falsa» o «descontextualizada».
El periodismo profesional ya cuenta con principios éticos ampliamente reconocidos. La verificación de datos, el contraste de fuentes y el derecho de réplica forman parte de su responsabilidad cotidiana. Este último, además, no es una concesión del poder, sino un derecho que obliga a ofrecer espacio a la contraparte para responder a información que la involucre. Ese principio aplica tanto para periodistas como para funcionarios públicos, incluida la Presidencia de la República.
Reducir el trabajo de miles de periodistas a la simple descalificación de que «mienten» cuando una investigación resulta incómoda para el gobierno constituye un mensaje preocupante. La crítica periodística no debe interpretarse como un ataque político, sino como uno de los mecanismos esenciales para la rendición de cuentas en cualquier democracia.
El Estado tiene la obligación de gobernar, administrar los recursos públicos, garantizar derechos y aplicar la ley. No le corresponde convertirse en árbitro de la verdad periodística. Esa función pertenece al debate público, al contraste de evidencias, a las instituciones judiciales cuando existen responsabilidades legales y, sobre todo, al libre ejercicio del periodismo.
La historia demuestra que cuando un gobierno comienza a definir oficialmente qué información es verdadera y cuál no, el riesgo de censura aumenta considerablemente. Lo que hoy puede justificarse bajo el argumento de combatir la desinformación, mañana podría utilizarse para inhibir investigaciones periodísticas o limitar voces críticas bajo criterios políticos.
México ha suscrito diversos instrumentos internacionales que reconocen la libertad de expresión como un derecho fundamental y establecen que cualquier restricción debe ser excepcional, estrictamente necesaria y proporcional. Por ello, cualquier regulación en materia de comunicación debe analizarse con extremo cuidado para evitar que, bajo la apariencia de proteger a las audiencias, termine debilitando uno de los pilares de toda democracia.
Combatir la desinformación es una responsabilidad compartida entre medios, periodistas, plataformas digitales, academia y ciudadanía. Pero permitir que el poder político determine los límites del debate público representa una solución más peligrosa que el problema que pretende resolver.
Una democracia sólida no necesita gobiernos que certifiquen la verdad. Necesita instituciones fuertes, periodistas libres, ciudadanos críticos y autoridades dispuestas a responder con argumentos, pruebas y transparencia cuando son cuestionadas. Porque la libertad de expresión no protege únicamente aquello con lo que estamos de acuerdo; protege, sobre todo, el derecho a investigar, informar y disentir del poder.
Las Breves Informativas
