Washington, D.C. — En un endurecimiento de la estrategia judicial de la administración Trump, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, lanzó una advertencia clara: la reciente acusación contra el gobernador de Sinaloa es solo el inicio de una nueva oleada de procesos penales contra funcionarios de México.
En entrevista con la cadena News Nation, Blanche confirmó que el Departamento de Justicia (DoJ) mantiene investigaciones abiertas que alcanzarán a más servidores públicos de distintos niveles. «Ya acusamos a múltiples funcionarios y a un juez mexicano. Eso es algo que continuará», sentenció el fiscal, subrayando que la «limpia» judicial no se detendrá en la frontera.
El motor detrás de estas nuevas imputaciones es la información proporcionada por figuras clave del Cártel de Sinaloa que hoy se encuentran bajo custodia estadounidense. Blanche señaló directamente que la cooperación de Ismael «El Mayo» Zambada, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López está siendo fundamental para identificar la red de protección política que permitió la expansión de sus operaciones.
Datos duros: El tablero judicial contra funcionarios mexicanos
Para dimensionar el alcance de estas declaraciones, es necesario observar los precedentes y las cifras que marcan la relación bilateral en este 2026:
- El caso Rocha Moya: El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabeza una lista de 10 funcionarios y exfuncionarios señalados formalmente el pasado 29 de abril por el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.
- Pena máxima: De ser hallado culpable, Rocha Moya podría enfrentar una condena de cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión.
- Historial de Gobernadores: Con estas acciones, la cifra de gobernadores o exgobernadores mexicanos investigados o procesados por EE. UU. en los últimos 35 años asciende a siete, sumándose a nombres históricos como Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Roberto Borge.
- Estatus del Juez: Aunque Blanche no reveló el nombre del juez acusado, este hecho marca un precedente, ya que las investigaciones suelen centrarse en el Ejecutivo y rara vez escalan de forma pública hacia el Poder Judicial mexicano en tribunales estadounidenses.
Tensión diplomática y soberanía
Mientras Washington acelera los procesos, en Ciudad de México la postura es de resistencia. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas acciones como «persecución política» y advirtió que no se ejecutarán órdenes de aprehensión ni extradiciones basadas únicamente en señalamientos extranjeros sin pruebas presentadas en territorio nacional.
A pesar de este roce, Blanche describió la relación operativa como «positiva», destacando que la colaboración en migración y seguridad continúa, aunque bajo la sombra de un ultimátum presidencial: si las autoridades locales no actúan, Washington lo hará por su cuenta.
Con información de corresponsales internacionales. las Breves Informativas.
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