- Familiares cuestionan actuación ministerial luego de que un juez declarara ilegal la detención de policías investigados por el fallecimiento de un joven tras un operativo policial
San Juan del Río, Qro.– La muerte de un joven tras ser detenido durante un operativo conjunto entre elementos de la Policía Estatal (POES) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río sigue generando controversia, no sólo por las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, sino también por los presuntos errores institucionales que, según familiares y testigos, estarían retrasando el acceso a la justicia.
Los hechos ocurrieron luego de la detención de dos jóvenes durante una intervención policial en el municipio. Horas después, uno de ellos perdió la vida mientras permanecía bajo custodia en los separos municipales, hecho que provocó indignación social y el inicio de investigaciones para esclarecer lo sucedido.
En un primer momento, autoridades señalaron que el joven se habría desvanecido mientras se encontraba detenido. Sin embargo, la difusión de videos en redes sociales donde se observa al joven desvanecido en la propia unidad y los elementos tratando de mantenerlo sentado dentro de una patrulla antes de su ingreso a las instalaciones municipales abrió nuevos cuestionamientos sobre la versión oficial y alimentó las exigencias de transparencia por parte de la familia.
A varios días de los hechos, la atención del caso se ha desplazado hacia el desarrollo de las investigaciones y la actuación de las instituciones encargadas de procurar justicia. Familiares de la víctima sostienen que el proceso ha enfrentado obstáculos que han complicado el avance de las acciones legales contra quienes pudieran resultar responsables.
De acuerdo con información proporcionada a este medio por personas conocedoras de una audiencia reciente, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, un juez determinó la ilegalidad de la detención de policías relacionados con la investigación debido a presuntas deficiencias en la estrategia jurídica presentada por la Fiscalía de Acusación de San Juan del Río.
Según dichos testimonios, la fiscal María Angélica Ramírez y su superior jerárquico, identificado como Vicente “N”, habrían sustentado la detención bajo una hipótesis jurídica que no correspondía a los supuestos establecidos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, situación que fue advertida durante la audiencia.
“Ante esa hipótesis incorrecta, el juez determinó la ilegalidad de la detención”, señalaron las fuentes consultadas, quienes indicaron que la vía procesal más adecuada habría sido la solicitud de órdenes de aprehensión en lugar del mecanismo empleado por la representación social.
Las mismas versiones refieren que la observación fue realizada durante el desarrollo de la audiencia y en presencia de familiares del joven fallecido; sin embargo, aseguran que la actuación ministerial continuó bajo la misma línea argumentativa.
Para la familia de la víctima, el episodio representa un nuevo revés en la búsqueda de justicia. Consideran que los errores procesales no sólo retrasan el esclarecimiento de los hechos, sino que también generan incertidumbre sobre la capacidad institucional para investigar con eficacia un caso que involucra la actuación de cuerpos de seguridad.
El asunto adquiere especial relevancia debido a que la muerte ocurrió mientras el joven se encontraba bajo custodia de autoridades, una circunstancia que obliga al Estado a garantizar una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre las causas del fallecimiento y las posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
Mientras las investigaciones continúan y se analiza la posibilidad de nuevas acciones judiciales, familiares y ciudadanos mantienen la exigencia de que el caso no quede atrapado entre errores procesales, demoras burocráticas o decisiones que puedan favorecer la impunidad.
A la fecha, persisten interrogantes sobre lo ocurrido durante la detención, las condiciones en las que el joven fue trasladado y los acontecimientos que derivaron en su muerte. Preguntas que, para la familia, siguen sin respuesta y que mantienen vivo un reclamo fundamental: que la verdad y la justicia no se conviertan en víctimas colaterales del propio sistema encargado de garantizarlas.
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