La narrativa de seguridad en San Juan del Río volvió a fracturarse. Apenas durante el fin de semana pasado las autoridades presumían operativos conjuntos, coordinación entre corporaciones estatales y municipales, así como una estrategia sólida para blindar al municipio, cuando la realidad terminó por derribar el discurso oficial con un hecho alarmante: el atentado contra el restaurante El Bizonte.
De acuerdo con los primeros reportes, el establecimiento ubicado sobre avenida Constituyentes, en la colonia Centro de San Juan del Río, habría sido incendiado presuntamente por integrantes del crimen organizado, luego de la negativa de sus propietarios a pagar cobro de piso. Un hecho que no solamente exhibe la vulnerabilidad del sector comercial, sino que deja al descubierto las enormes grietas de una estrategia de seguridad que parece concentrarse más en la apariencia que en la efectividad.
Resulta imposible no cuestionar cómo, en medio del despliegue de patrullas y del supuesto acompañamiento coordinado entre policías estatales y municipales, un grupo criminal tuvo el tiempo suficiente para operar con total calma: arribar al sitio, provocar daños, rociar gasolina y prender fuego, para posteriormente retirarse sin mayor resistencia. Todo ello mientras los tiempos de reacción de Seguridad Pública siguen siendo lentos y limitados, agravados además por las deficiencias operativas del C4, cuya capacidad de respuesta continúa siendo señalada por distintos sectores.
La situación revela otro problema de fondo: mientras las autoridades concentran elementos y operativos en ciertos puntos para presumir presencia institucional, otras zonas del municipio quedan prácticamente desprotegidas, convirtiéndose en terreno féril para actos delictivos que se ejecutan con absoluta impunidad.
Lo ocurrido con El Bizonte no puede minimizarse ni tratarse como un hecho aislado. Las características del ataque apuntan directamente a prácticas de presión criminal ligadas al cobro de piso, un fenómeno que durante años parecía distante de San Juan del Río, pero que hoy comienza a instalarse en la conversación pública con preocupación creciente.
La pregunta es inevitable: ¿qué más tiene que ocurrir para que las autoridades municipales acepten que la estrategia de seguridad no está funcionando? ¿Cuántos negocios más deberán ser intimidados o atacados para reconocer que el problema rebasa la narrativa oficial?
Porque cuando un municipio presume blindaje, coordinación y resultados, pero al mismo tiempo permite que grupos criminales operen con tranquilidad en plena zona urbana, el mensaje que se envía a los ciudadanos es devastador: la impunidad sigue teniendo más margen de maniobra que la propia autoridad.
Y en medio de ese escenario, quienes pagan las consecuencias son los comerciantes, los trabajadores y, en general, cada uno de los sanjuanenses que hoy observan cómo la inseguridad comienza a golpear no solo la economía local, sino también la tranquilidad social del municipio.
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