Santiago de Querétaro, Qro., 15 de agosto de 2026.— La regulación de las grúas y los servicios auxiliares de transporte volvió a colocarse sobre la mesa en el Congreso de Querétaro, luego de que la diputada Blanca Benítez Estrada pidiera avanzar en el análisis de cuatro iniciativas que buscan ordenar un sector señalado por usuarios y transportistas debido a cobros elevados, procedimientos engorrosos y falta de reglas claras.
Durante la sesión de la Comisión de Movilidad y Tránsito, Benítez Estrada planteó establecer una mesa de trabajo o iniciar formalmente la discusión de las propuestas relacionadas con la Ley de Servicios Auxiliares de Transporte Público. Las iniciativas fueron presentadas desde hace varios meses por distintas fuerzas políticas y, de acuerdo con la legisladora, ya existen elementos suficientes para comenzar su revisión.
El llamado ocurre después de que en semanas recientes trascendiera el caso de un conductor de una plataforma de transporte que terminó con una deuda cercana a los 100 mil pesos por concepto de arrastre y resguardo de su vehículo, además de enfrentar trámites y multas que complicaron la recuperación de la unidad.
El caso volvió a poner bajo la lupa el costo de los servicios de grúa y depósito vehicular, particularmente cuando un arrastre puede convertirse en una deuda que rebasa ampliamente la capacidad económica de un conductor que utiliza su vehículo como principal herramienta de trabajo.
A este escenario se suma el antecedente de las llamadas “grúas pirata”, que en años anteriores fueron señaladas por realizar arrastres sin autorización en la capital queretana. Estas prácticas generaron cuestionamientos debido a que un traslado irregular podía derivar en mayores cobros y en un proceso complicado para que los propietarios recuperaran sus vehículos.
Para Benítez Estrada, estos antecedentes hacen necesario que el Congreso revise no sólo la operación de las empresas que prestan el servicio, sino también las tarifas, las condiciones para realizar un arrastre, la actuación de los corralones y los procedimientos que deben seguir los ciudadanos para recuperar sus unidades.
La legisladora explicó que durante los últimos meses se realizó un foro y se sostuvieron reuniones con concesionarios de grúas, transportistas de carga y otros sectores relacionados con los servicios auxiliares. En esos encuentros, dijo, se han expuesto problemáticas que deben ser consideradas antes de definir nuevas reglas.
El planteamiento es que la regulación no se construya únicamente desde el escritorio, sino a partir de las experiencias de quienes utilizan o prestan estos servicios. En particular, los casos de cobros que pueden alcanzar decenas de miles de pesos han colocado el tema de las tarifas y los mecanismos de recuperación de vehículos entre los asuntos que requieren mayor atención.
En la misma sesión, Benítez Estrada participó en la aprobación de un exhorto para impulsar políticas de fomento a la lectura en paraderos y espacios del transporte público. Señaló que los tiempos de traslado en Querétaro pueden alcanzar entre 17 y 37 o 40 minutos durante las horas pico, por lo que consideró que esos periodos también pueden convertirse en una oportunidad para acercar contenidos culturales a los usuarios.
Sin embargo, el tema de las grúas quedó como uno de los pendientes centrales para la Comisión de Movilidad y Tránsito. La petición ahora es definir una ruta concreta para discutir las iniciativas y revisar un esquema que permita evitar que un arrastre termine convirtiéndose, para un conductor, en una deuda prácticamente imposible de cubrir.
El debate no sólo apunta a ordenar a las empresas de grúas; también busca poner límites a prácticas que, cuando se combinan con multas, almacenamiento y trámites prolongados, pueden hacer que recuperar un vehículo se vuelva un problema económico mayor que la propia infracción.
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