Ciudad de México, 15 de agosto de 2026.— Los mecanismos de seguridad de las plataformas de transporte no han sido suficientes para evitar agresiones sexuales contra mujeres durante los viajes, por lo que legisladores federales demandaron reforzar los protocolos de prevención, atención y sanción, además de establecer medidas que permitan detectar y evitar casos de reincidencia.
La Primera Comisión de la Permanente aprobó el pasado 12 de agosto un dictamen en el que advierte que herramientas como el seguimiento de trayectos, la identificación de vehículos y los botones de emergencia representan avances, pero no garantizan por sí mismas traslados seguros.
El planteamiento adquiere relevancia ante los riesgos que enfrentan las mujeres que utilizan estos servicios, particularmente cuando viajan solas, durante la noche o hacia lugares que no conocen. Entre las situaciones identificadas por legisladores se encuentran el acoso, abuso sexual, violación y otras formas de violencia.
Datos duros y puntos de riesgo
El dictamen pone el foco en circunstancias concretas que pueden incrementar la vulnerabilidad de las pasajeras:
- 32 fiscalías estatales están llamadas a fortalecer sus protocolos de atención y sanción frente a casos de violencia sexual en servicios de transporte mediante plataformas.
- La identidad del conductor registrada en la aplicación puede no coincidir con la persona que finalmente presta el servicio, situación considerada un factor de riesgo.
- Los cambios de ruta sin justificación y las desviaciones respecto del trayecto contratado pueden colocar a las usuarias en condiciones de mayor vulnerabilidad.
- Las detenciones no previstas durante un recorrido también son señaladas como una circunstancia que requiere atención.
- La respuesta institucional tardía puede agravar las consecuencias de una agresión o dificultar la atención inmediata de la víctima.
- Las fiscalías deben mantener actualizada la información estadística sobre las distintas conductas violentas cometidas contra mujeres, con el objetivo de contar con elementos para evaluar el problema.
Los legisladores señalaron que no resulta suficiente recomendar a las mujeres compartir su ubicación, evitar viajar de noche o mantenerse en contacto con familiares y personas cercanas. Estas medidas pueden ser útiles como herramientas individuales, pero no deben convertirse en la principal estrategia de prevención.
Responsabilidad compartida
El llamado plantea que la seguridad debe abordarse como una responsabilidad conjunta entre las empresas de plataformas digitales, autoridades de movilidad, corporaciones de seguridad, fiscalías y organismos especializados en atención a las mujeres.
Por ello, el exhorto solicita a los gobiernos estatales y a las instituciones responsables de movilidad y seguridad revisar y fortalecer sus protocolos para prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de violencia sexual registrados durante viajes contratados mediante plataformas digitales.
También se plantea evaluar mecanismos que permitan identificar patrones de riesgo y evitar que conductores involucrados en hechos de violencia puedan reincidir.
La discusión pone bajo escrutinio una de las principales promesas de las plataformas: ofrecer mayor seguridad mediante tecnología. Aunque las aplicaciones permiten conocer datos del viaje y activar herramientas de emergencia, los legisladores consideran que esos recursos pierden efectividad cuando existen fallas en la identificación del conductor, alteraciones del recorrido o una reacción institucional que llega demasiado tarde.
El reto, ahora, será que los protocolos no se queden únicamente en recomendaciones dentro de las aplicaciones o en llamados de prevención dirigidos a las pasajeras. La exigencia legislativa apunta a que empresas y autoridades asuman responsabilidades concretas antes, durante y después de cada traslado.
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