A ver, no nos hagamos: la Presidencia de Claudia Sheinbaum acaba de meterse en un terreno bastante incómodo. Desde la conferencia “Derecho de Réplica”, Luisa María Alcalde exhibió nombres de periodistas, medios, políticos y organizaciones que, según el gobierno, forman parte de un supuesto “ecosistema de amplificación digital” contra la 4T.
Ahí están Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Lourdes Mendoza, Luis Cárdenas y Leticia Robles de la Rosa; medios como EL UNIVERSAL, Latinus, ADN 40 y Aristegui Noticias; además de políticos como Alejandro Moreno, Jorge Romero, Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Felipe Calderón y Vicente Fox, entre otros.
El gobierno dice que «no es una lista negra». Bueno, podrá cambiarle el nombre, pero cuando desde Palacio Nacional se presentan nombres de periodistas y opositores y se les coloca dentro de una estructura que supuestamente opera contra el gobierno, la pregunta cae sola: ¿Qué es entonces?
Y aquí aparece el dato que más ruido hace.
En 2021, la propia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno, criticaba la elaboración de listas de adversarios y decía: “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas”.
Cinco años después, resulta que desde su propia administración se presenta una relación de críticos y opositores. ¿Cambió la definición de “lista” o simplemente cambió quién tiene el poder para elaborarla?
El argumento oficial es que se combate la desinformación. Perfecto. Que desmientan con datos, que exhiban la mentira y que documenten quién falseó información. Para eso existe el derecho de réplica.
Pero una cosa es decir “esta información es falsa” y otra muy distinta es decir “estos periodistas, estos medios y estos políticos forman parte de una red contra nosotros”.
Hasta ahora, lo que se ha mostrado públicamente no demuestra que todos los personajes mencionados formen parte de una operación ilegal o coordinada. Lo que sí vimos fue una presentación oficial que los coloca dentro de un supuesto entramado opositor.
Y eso sí merece cuestionarse.
Porque el problema no es que el gobierno responda. El problema es que el poder empiece a etiquetar a quienes lo critican.
Además, no estamos hablando de cualquier oficina. Estamos hablando de la Presidencia de la República.
Y cuando el poder señala, el señalamiento pesa.
La contradicción es todavía más evidente: la misma corriente política que durante años denunció listas, persecuciones y estigmatización desde el gobierno, ahora tiene que explicar por qué desde Palacio Nacional se está haciendo exactamente algo que antes calificaba de autoritario.
Aquí no se trata de defender a Loret, a Latinus, a Xóchitl, a Moreno o a ningún otro personaje. Se trata de defender una regla básica: si alguien miente, demuéstralo; si alguien comete un delito, denúncialo; pero si alguien simplemente critica al gobierno, no lo conviertas en enemigo de Estado.
Porque una democracia no se prueba cuando el gobierno escucha aplausos.
Se prueba cuando aguanta la crítica.
Y ahí, francamente, la Presidencia tiene todavía mucho que explicar.
Las Breves Informativas
