Hay momentos en que las cifras dejan de ser simples números presupuestales y se convierten en una radiografía política. San Juan del Río atraviesa uno de esos momentos.
El gobierno municipal de Roberto Cabrera Valencia tiene hoy frente a sí una pregunta que difícilmente puede responderse con el argumento de que “todo está sujeto a fiscalización”: ¿Qué está pasando con el dinero público?
La pregunta no nace solamente de la oposición en el Cabildo. Tiene un antecedente mucho más serio: la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, en la revisión de la Cuenta Pública 2024, un monto de 42 millones 765 mil 773 pesos relacionado con observaciones que el municipio debía aclarar. La ASF revisó 132 millones 556 mil 300 pesos, es decir, el 100 por ciento de los recursos fiscalizados en esa auditoría, y estableció que el municipio “no realizó una gestión eficiente de los recursos fiscalizados de la Cuenta Pública 2024”. (Auditoría Superior de la Federación)
Eso cambia radicalmente el contexto del nuevo escándalo.
Porque ahora los regidores de oposición hablan de otro posible hueco: 27 millones 911 mil 810.91 pesos que, según su revisión preliminar, no encuentran correspondencia entre el techo financiero aprobado para luminarias y los procedimientos de contratación localizados.
Una cifra se refiere a observaciones de la ASF sobre recursos de 2024 y la otra a señalamientos de regidores sobre el ejercicio 2025-2026. No deben sumarse como si fueran el mismo dinero ni como si representaran automáticamente un desvío. Pero tampoco pueden analizarse como hechos aislados.
Lo preocupante es la recurrencia.
42.7 millones: la ASF ya puso el dedo en la llaga
El dato más contundente no viene de un regidor opositor ni de un adversario político de Roberto Cabrera.
Viene de la ASF.
En su informe de la auditoría 1609, el órgano federal señaló un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 42 millones 765.8 mil pesos, equivalente al 32.3 por ciento de la muestra auditada. La ASF identificó problemas relacionados, entre otros aspectos, con documentación de un contrato de disposición de residuos, adquisiciones y servicios, mantenimiento de alumbrado público y adquisición de medicamentos. (Auditoría Superior de la Federación)
Hay un dato particularmente incómodo: dentro de esas observaciones aparece un monto de 27 millones 666 mil 197 pesos relacionado con la falta de documentación en el expediente del contrato de concesión para el depósito de residuos sólidos urbanos no peligrosos en el relleno sanitario municipal durante 2024.
Además, otro señalamiento alcanzó 15 millones 99 mil 575 pesos, relacionado con contratos en los que la ASF encontró situaciones que debían aclararse, incluyendo la falta de evidencia sobre la recepción del servicio de mantenimiento de la red de alumbrado público y documentación relativa a medicamentos adquiridos y entregados.
La propia ASF fue clara en su conclusión: la gestión de los recursos fiscalizados no fue eficiente. (Auditoría Superior de la Federación)
Eso no equivale a decir que Roberto Cabrera haya desviado 42.7 millones de pesos. Sería irresponsable afirmarlo sin una determinación definitiva de responsabilidades.
Pero tampoco es serio minimizar la cifra como un simple asunto burocrático.
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Y ahora aparecen otros 27.9 millones
En este contexto aparecen las acusaciones de Vania Camacho Galván, Oscar Mauricio Sandoval García y Víctor Manuel Rocha Basurto.
Los regidores sostienen que un análisis de información remitida por la Secretaría de Administración detectó que 51.3 por ciento de las aportaciones federales asignadas no habría pasado por los controles que consideran obligatorios.
Pero el dato que más llama la atención es otro.
El Cabildo habría aprobado un techo financiero de 32 millones 716 mil 602.40 pesos para la compra de luminarias. Sin embargo, los regidores aseguran haber localizado procedimientos de contratación por solamente 4 millones 804 mil 791.49 pesos.
La diferencia es de 27 millones 911 mil 810.91 pesos.
No es una cantidad menor.
No es una diferencia contable que pueda despacharse con una explicación de tres líneas.
Y, sobre todo, requiere documentos.
Si los recursos fueron ejercidos mediante otros procedimientos, ahí deben estar los contratos. Si fueron comprometidos o devengados posteriormente, debe existir el soporte correspondiente. Si fueron reasignados, tiene que haber una autorización. Si permanecen disponibles, deben aparecer en las cuentas respectivas.
Y si existe otra explicación, el gobierno municipal tiene una oportunidad inmejorable para exhibirla.
La defensa de Cabrera: correcta, pero insuficiente
Roberto Cabrera ha sido cuidadoso al afirmar que la diferencia señalada por los regidores no constituye, por sí misma, una denuncia de desvío de recursos.
Tiene razón.
Un señalamiento de irregularidad no es una sentencia.
Una observación de auditoría tampoco significa automáticamente que un funcionario haya cometido un delito.
Pero aquí es donde la defensa política del alcalde comienza a quedarse corta.
Porque decir que “las instancias fiscalizadoras harán las observaciones correspondientes” es institucionalmente correcto, pero políticamente no basta cuando la discusión ya está instalada en la opinión pública.
El gobierno no debería esperar a que una auditoría le diga qué ocurrió si tiene los documentos para explicar qué ocurrió.
Cabrera dice estar abierto a la fiscalización. Perfecto.
Entonces la respuesta más contundente no tendría que ser verbal.
Tendría que ser documental.
Que se publiquen los expedientes. Que se expliquen los contratos. Que se muestre el destino de los recursos. Que se aclare la diferencia de los 27.9 millones.
Eso acabaría con la especulación mucho más rápido que cualquier conferencia de prensa.
El problema es que la infraestructura no parece estar a la altura del discurso presupuestal
Y aquí aparece la otra cara de la discusión.
San Juan del Río no es una ciudad que pueda presumir que todos sus problemas de infraestructura están resueltos. Basta recorrer determinadas vialidades para encontrar calles deterioradas, superficies que requieren mantenimiento y una infraestructura urbana que no siempre corresponde con las necesidades de una ciudad que ha crecido.
Por eso las cifras generan irritación.
Porque 42.7 millones de pesos observados por la ASF y otros 27.9 millones cuestionados políticamente no son abstracciones.
Son dinero público.
Son recursos que deberían traducirse en servicios, infraestructura, seguridad, alumbrado, equipamiento y mejores condiciones para los habitantes.
La pregunta ciudadana no es tan sofisticada como la discusión administrativa:
¿Dónde está el resultado?
Porque cuando una administración presume eficiencia financiera, pero al mismo tiempo enfrenta observaciones millonarias y cuestionamientos sobre contratos, el ciudadano tiene derecho a exigir una explicación mucho más detallada.
Hay otro dato que tampoco debe perderse de vista
En mayo de 2026, el Órgano Interno de Control municipal informó que la administración ya había respondido a las observaciones de la ASF de la Cuenta Pública 2024 y que el procedimiento se encontraba en etapa de seguimiento. La titular del órgano señaló entonces que las inconsistencias habían sido solventadas oportunamente.
Eso significa que el capítulo de los 42.7 millones no debe presentarse como dinero definitivamente perdido.
Pero tampoco puede utilizarse la palabra “solventado” como sinónimo de “nunca hubo problema”.
La ASF dejó constancia de observaciones. El municipio presentó documentación. El órgano fiscalizador debe determinar si esa documentación es suficiente.
Y precisamente por eso la transparencia exige esperar la resolución definitiva.
¿Quién miente?
Quizá la pregunta está mal planteada.
Porque es posible que ni el alcalde esté mintiendo cuando dice que no existe un desvío acreditado, ni los regidores estén mintiendo cuando dicen que existen inconsistencias que ameritan una auditoría.
El verdadero problema sería que cualquiera de las partes pretenda convertir una investigación en una sentencia.
Los regidores deben demostrar sus acusaciones.
El alcalde debe demostrar sus cuentas.
Y los órganos fiscalizadores deben determinar las responsabilidades.
Pero hay algo que sí puede afirmarse con los datos disponibles: el gobierno de San Juan del Río tiene un problema de credibilidad en materia de manejo y comprobación de recursos públicos.
No porque exista una sentencia que establezca corrupción.
Sino porque la ASF encontró observaciones por 42.7 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024 y, meses después, tres regidores exhiben nuevas inconsistencias que involucran casi 28 millones de pesos en el ejercicio de recursos destinados a seguridad y alumbrado.
Son asuntos distintos, sí.
Pero políticamente forman una misma pregunta:
¿Qué tan eficiente y transparente está siendo realmente el gobierno de San Juan del Río con el dinero de los ciudadanos?
La cifra que debería preocupar a todos
Hay una tentación evidente en este tipo de conflictos: convertirlo todo en una pelea entre Morena, PAN, oposición, oficialismo o grupos internos del Cabildo.
Sería un error.
Porque si los regidores tienen razón, el problema no es partidista: es administrativo.
Y si los regidores están equivocados, también es grave: significaría que se están utilizando cifras millonarias para construir una acusación que no puede sostenerse documentalmente.
En ambos casos, la ciudadanía merece saber la verdad.
No la verdad del alcalde.
No la verdad de los regidores.
La verdad de los documentos.
San Juan del Río necesita menos declaraciones y más expedientes abiertos.
Necesita menos discursos sobre transparencia y más comprobantes.
Necesita menos explicaciones políticas y más resultados visibles en las calles.
Porque cuando la ASF ya ha puesto sobre la mesa 42 millones 765 mil 773 pesos sujetos a aclaración y ahora aparecen otros 27 millones 911 mil 810.91 pesos cuestionados por regidores, la respuesta no puede ser simplemente “todo está en proceso de fiscalización”.
La fiscalización es el principio de la explicación, no el sustituto de ella.
Y mientras no existan respuestas documentales contundentes, la pregunta seguirá vigente:
¿Dónde está el dinero y en qué se gastó?
Esa pregunta no la hicieron los partidos.
La está haciendo la ciudadanía.
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